Así lo manifestó la concejala Lourdes Mateus en relación a la decisión que tomó el Juzgado Tercero Penal, en segunda instancia, que anuló la medida de aseguramiento en contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, quien es acusado de varios delitos, uno de ellos es el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, hechos que se encuentran en el marco de presuntas irregularidades en contrataciones del PAE. “Respetamos la decisión pero no la compartimos”, sostuvo la Concejala.
Vale mencionar que en el pasado mes de junio, la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, emitió una orden en primera instancia de medida cautelar con detención preventiva en su domicilio al alcalde de Neiva Gorky Muñoz, esto por la investigación que se le adelanta al mandatario por las presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). No obstante, el Juez Tercero Penal con función de conocimiento de Neiva, Juan Carlos Bolaños Motta, revocó la medida.
Frente a este contexto, la concejala Lourdes Paola Mateus, sostuvo que respeta la decisión de la justicia pero no la comparte. Además, afirmó que el alcalde Neiva todavía continúa ligado al proceso en su contra y que, por ende, el proceso no ha terminado.
“Hemos recibido esta decisión que ha tomado la justicia, la decisión de la apelación acerca de la medida de aseguramiento del señor Alcalde, lo primero que decimos es que es una decisión que primero por supuesto la respetamos, porque las decisiones de la justicia hay que respetarlas, pero por supuesto que no la compartimos. Hay que aclararle a la gente que este es otro capítulo vergonzoso de esta novela en la que está metido el alcalde, una novela muy vergonzosa para la Ciudad, que este proceso no ha terminado sino que simplemente ha cumplido una fase”, indicó la concejala Mateus.
Así mismo, manifestó: “Ahora el alcalde puede defenderse en libertad pero hay que decir que esto no lo exonera todavía de una presunta responsabilidad que podría tener en este tema de la asignación del contrato del PAE, que es la comida de los niños. Además, hay que decirle a la gente también que este capítulo es también la razón por la cual el alcalde tal vez no ha podido mostrar sus grandes obras porque ha pasado ya más de la mitad de su Administración defendiéndose de esta situación que no debió haber pasado, por eso tal vez no vemos obras en la Ciudad”.
Los presuntos delitos
El hecho, que está en el marco de los procesos que tiene el mandatario de los neivanos por presunta corrupción, también están involucrados el exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba y los asesores jurídicos del alcalde; Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, los cuales al parecer también tendrían responsabilidades por las irregularidades en la firma de estos contratos.
De esta forma, el Alcalde de los neivanos es acusado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, hechos que se encuentran en el marco de presuntas irregularidades en contrataciones del PAE. Por esta razón, el alcalde, a pesar de que se le anuló la medida de aseguramiento en su contra, seguirá ligado al proceso.
“Hay cosas evidentes que el alcalde no va a poder desmentir y es que esta ciudad sigue llena de huecos, sigue sin estadio, sin CAIMI, sigue con todas las realidades que nos está tocando vivir en la ciudad de Neiva, y que difícilmente lo va a poder compensar en el año que falta. El proceso sigue y nosotros esperamos que al final la justicia salvaguarde los intereses públicos y tome una decisión en derecho al final del proceso”, aseveró la concejala Lourdes Mateus.
En contexto
Durante el 2020, en plena pandemia, el Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, fue señalado de favorecer a una empresa para celebrar la contratación de suministros para el Programa de Alimentación Escolar, por lo que se inició una investigación que conllevó a que una Juez de Control de Garantías dictara medida cautelar con detención preventiva en el domicilio del mandatario en la capital de Huila.
De acuerdo con las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación, el funcionario se habría dirigido hasta el municipio de El Charco (Nariño), para efectuar la firma del contrato de manera directa con dos operadores del Proyecto de Alimentación Escolar (PAE).
Según la información que tiene la Fiscalía, un concejal de esa cabecera municipal también estaría implicado en este proceso, pues habría favorecido, presuntamente, a una empresa determinada para obtener este contrato de suministros del PAE. Para llegar a la Alcaldía de Neiva en 2019, la entidad señalada al parecer hizo un aporte millonario de recursos para que la campaña de Gorky Muñoz pudiera realizarse.
Tras la revelación de este presunto caso de corrupción al interior de la Alcaldía de Neiva, el exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba y los asesores jurídicos del alcalde; Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo también tendrían responsabilidades por las irregularidades en la firma de estos contratos.
Así las cosas, en medio de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía señaló en aquel entonces al mandatario de Neiva por los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, el cual, no aceptó cargos.
La serie de delitos ocurrieron, presuntamente, por no haber tenido un número necesario de oferentes para que la Alcaldía, mediante la libre competencia, pudiera elegir la mejor opción para los suministros del PAE.
“Se pudo establecer que no hubo multiplicidad de oferentes para el Programa de Alimentación Escolar, solamente para la empresa en Nariño. Así mismo, ambas partes habrían suscrito dos contratos”, señaló la Fiscalía en aquel entones.
Por medio de la Secretaría de Educación, el alcalde Muñoz, al parecer habría contratado el sustento de provisiones alimentarias de varios meses de pandemia para los adultos mayores y estudiantes. Al parecer, la suma total de esta contratación representaría una suma de 11.000 millones de pesos.
Así lo logró establecer la Fiscalía que inició la investigación en tiempos anteriores a la pandemia, en julio de 2019, momento en el que el cuerpo investigativo con sede en Pasto generó la interceptación de llamadas sostenidas por parte de Gorky Quiñonez con Haiden Otoniel Vergara Quiñonez y otras personas cercanas al alcalde de Neiva. En estas llamadas se habría gestado, presuntamente, el actuar delictivo que ocurriría un año más tarde.
Por parte del alcalde Muñoz y mediante un comunicado expuesto en sus redes sociales a la opinión pública, indicó que: “Hemos decidido apelar la decisión de primera instancia, tomada hoy por la Juez de control de garantías, en la que se declaró la medida cautelar con detención preventiva en mi domicilio, creemos tener argumentos suficientes para rebatir lo expuesto por la togada en su decisión”.
Ahora, tras esta decisión judicial, Gorky Muñoz podrá continuar ejerciendo sus labores como primer mandatario de la ciudad de Neiva, pero su proceso por los hechos anteriormente mencionados continuará.
