Por estos días los Concejos de los diferentes municipios de país se apresuran a realizar sus convocatorias para definir a través de “meritocracia” quien será el responsabilizado de vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos territoriales y ejercer la defensa de los derechos de sus habitantes por los próximos cuatro años.
Por tratarse de uno de los funcionarios públicos con mayor número de funciones asignadas en el Estado colombiano, resulta lógico que su elección no se enmarcara en un escenario diferente a la “meritocracia”; quizás por esta razón, el legislador promovió la reforma contenida en la Ley 1551 de 2012, atando la designación de personero a la realización previa de un concurso de méritos.
Se podría pensar con ello que el legislador hizo un gran aporte en el perfeccionamiento de esta figura, pues no solo se pretendía designar a profesionales con mayores condiciones, sino que, además, evitar que siguiera siendo un secretario más del alcalde; sumiso, cómplice y omisivo ante las diferentes solicitudes del burgomaestre del turno, quien al recordar la “dedocracia” de su nombramiento lo sometía desfigurando tan respetada figura.
Lejos de alcanzar ese objetivo, la realidad no dista de ese pasado infortunado. Naturalmente en el país del “hecha la ley, hecha la trampa” resulta predecible que los habilidoso del frauden encontraran la manera de desviar el buen sentido de la norma, por cuanto su desarrollo a través del decreto 2485 del 2014 compilado en el decreto 1083 de 2015, les abrió un mundo de posibilidades al facultar a los concejos para realizar los concursos de méritos con universidades, instituciones de educación superior públicas, privadas o entidades especializadas en procesos de selección de personal, sin mayores restricciones.
Por supuesto, con un terreno abonado para sacar provecho, cada cuatro años diversos personajes, quienes aseguran “representar” a las instituciones de educación, ofrecen los concursos, los cuales, en la mayoría de casos son presuntamente comprados por los mismos PERSONEROS, en cifras que pueden varias entre 50 a 300 millones de pesos según la categoría del municipio, de ahí que sea muy habitual ver a estas personalidades ocupando por más de dos o tres periodos dicha dignidad en el MISMO municipio.
El entramado aparentemente comienza a consumarse meses antes de la realización del concurso de méritos, en donde como primer paso se llega al acuerdo de comprarlo para luego “cuadrar” a la Junta Directiva de Concejo, a efecto de que esta le confíe el desarrollo del concurso, bajo la atractiva propuesta de brindar a título “gratuitito” su realización; posiblemente “desconociendo” que el lucro lo encuentran con la venta del examen a quien será el próximo personero.
Logrado esto, se desarrolla el concurso con todas las solemnidades del caso, siendo la prueba de conocimiento donde se concretar el presunto fraude, pues quien compra la prueba se hace acreedor a un puntaje superior al 97%, dejando sin ninguna posibilidad a aquellos que lo realizan con total conocimiento de lo público, por cuanto ni sumando las estepas siguientes se podría igualar a magnos juristas.
Esta mala práctica es tan común en el Huila, que recientemente solo seis municipios del departamento aceptaron realizar el concurso de méritos con la Esap, pese a que lo ofrecía en los mismos términos de gratuidad y bajo la recomendación de la Procuraduría General de la Nación, a los concejos al parecer no les resultó interesante las pautas de mayor transparencia ofrecida por la Escuela Superior de Administración Publica.
Con este panorama oscuro, es indispensables que lleguen las reformas encaminadas principalmente a imponer a los concejos la obligatoriedad de realizar los concursos con instituciones de mayor transparencia como la Comisión Nacional del Servicio Civil o en algunos casos la Esap, así como en la necesidad de incorporar al proceso de selección una instancia de validación de resultados con segundo calificador para aquellas pruebas que superen rangos del 92%.
Sin mayores pretensiones, pero con la esperanza de contribuir a la construcción de país; a lo mejor, a través de estos planteamientos podamos acercarnos a un concepto verdadero de meritocracia, como factor determinante en el profesionalismo de la función pública y la reducción de la corrupción en el Estado.
Por: Diego Fernando Caballero Medina
