El Ministerio del Trabajo impuso una sanción administrativa —monto reservado, pero cercana al rango máximo de la ley— al Municipio de Neiva por incumplir normas esenciales de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 377 del 27-jun-2025 concluyó que, pese a inversiones por más de $900 millones, techos agujereados, cableado expuesto y mobiliario precario siguen amenazando a unos 300 servidores públicos.
Principales hallazgos de las 20 inspecciones
- Riesgo de desplome de cubiertas metálicas en sedes como el Centro Comercial Los Comuneros y la Casa de Justicia.
- Ventilación e iluminación deficientes, con temperaturas internas que superan los 30 °C.
- Humedad, hongos y pintura descascarada en paredes y pisos.
- Áreas comunes insalubres: polvo, basura y pasillos atestados de equipos viejos.
- Mobiliario no ergonómico y sillas rotas.
- Cables eléctricos pelados y sin canalizar, violando la Resolución 2400 de 1979.
Denuncia sindical que encendió las alarmas
Las quejas presentadas por la Asociación Sindical Fuerza Comunera y la OSSEP (ago. y oct. 2022) propiciaron la investigación. Fotos y actas mostraron filtraciones y ruinas que el municipio habría ignorado durante años.
Descargos de la Alcaldía: “heredamos el problema y no hay caja suficiente”
La Secretaría General alegó que la crisis locativa se arrastra de administraciones pasadas y citó compras de:
- $450 millones en sillas ergonómicas.
- $243 millones en adecuaciones locativas.
- $140 millones en aires acondicionados.
Reconoció, sin embargo, que no logró cumplir todas las exigencias “por restricciones fiscales”.
Mintrabajo: el deber de proteger no se negocia
La Dirección Territorial Huila recordó que la Ley 1562 de 2012 permite sanciones de hasta 500 salarios mínimos e incluso suspender actividades si persisten los riesgos:
“Las condiciones seguras no son optativas ni dependen de trámites; deben ser permanentes”, advirtió la autoridad.
Próximos pasos y advertencia de reincidencia
- El municipio tiene 15 días para presentar un plan de mejoramiento definitivo.
- Habrá visitas trimestrales para verificar avances; de no cumplirse, la multa se duplicaría y podrían clausurarse áreas críticas.
- Los sindicatos exigen mesas de seguimiento con participación de trabajadores.
Contexto regional
El caso reabre el debate sobre la precariedad laboral en entidades territoriales: solo en 2024, el Mintrabajo impuso 18 sanciones similares a alcaldías y gobernaciones por fallas estructurales.
Por ahora, la administración de Neiva deberá acelerar obras y demostrar que los $900 millones invertidos no fueron en vano; de lo contrario, la factura —económica y reputacional— podría ser aún más cara.
