La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado el asesinato de 315 excombatientes de la desmovilizada de la guerrilla de las Farc desde la firma del Acuerdo Final de Paz.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó este martes el informe trimestral del secretario de seguridad, que da cuenta del asesinato de 43 defensores de derechos humanos, líderes y lideresas en el país en lo corrido de 2022.
El documento, que recoge información de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), detalla que cuatro de las víctimas eran mujeres, 13 eran indígenas y siete afrocolombianos, también registra el asesinato de 315 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc desde la firma del Acuerdo Final de Paz, once de los cuales se han perpetrado durante este año.
“Las y los excombatientes también se han visto afectados por el recrudecimiento de la violencia en Arauca, donde un excombatiente fue asesinado en enero y más de 60 huyeron, abandonando sus proyectos productivos y el antiguo Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Arauquita”, indicó la ONU.
Asimismo, señaló que en febrero un grupo de firmantes sufrió un ataque por parte de sujetos armados en el departamento de Putumayo mientras adelantaban una reunión de su cooperativa en el que falleció el líder de reincorporación y de sustitución de cultivos ilícitos, Jorge Santofimio, y resultaron heridos dos mujeres excombatientes y uno de sus hijos de 13 años. Asimismo, el informe registra que más de 30 escoltas abandonaron el antiguo ETCR de San José del Guaviare por amenazas por las disidencias.
Por otra parte, el informe documenta que durante este periodo se han perpetrado 25 masacres, cuatro de las cuales han sido verificadas con 12 víctimas y 20 en proceso de verificación, así como el desplazamiento forzado de 13.821 personas, y el confinamiento de 48.331, de las cuales 42.000 víctimas de este crimen se encuentran en el departamento del Chocó, en su mayoría comunidades indígenas y afrocolombianas.
“La Defensoría del Pueblo emitió siete alertas tempranas identificando riesgos para Bogotá y otros 20 municipios de Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y una alerta temprana electoral nacional, que advirtió sobre riesgos para 521 municipios. Se han intensificado los niveles de violencia que afectan a la población civil en varios departamentos, como Arauca, Chocó y Putumayo”, señaló el informe trimestral de la ONU.
Finalmente, mencionó: “Las cifras de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas evidencian el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país y la constante vulneración de los derechos de las personas en proceso de reincorporación y que velan por los derechos de sus comunidades, haciendo evidente que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para garantizar su seguridad y el desarrollo de sus ejercicios con las comunidades”.
Por: infobae.com / Foto tomada de: dw.com/Diana Chiquinquirá
