A la indignación suscitada por la muerte de un menor de edad durante un bombardeo efectuado por el Ejército Nacional contra un campamento de las disidencias de las Farc, le siguió el pronunciamiento del ministro de Defensa, Diego Molano, quien, como ya había hecho a inicios de este mismo año, habló en favor del ataque contra la estructura criminal, advirtiendo que se trata de una acción legítima.
“Fue reportada y presentada públicamente por los miembros del Ejército que participaron en ella y que se operó contra un grupo armado al margen de la ley, el cual tenía entre sus miembros combatientes menores de edad, que podrían haber afectado a la población civil y a los integrantes de la fuerza pública que operan en esa región del país”, advirtió el funcionario.
Valga recordar que, la víctima en cuestión era Yeison Stiven Yule Pequi, un joven de 17 años perteneciente al resguardo indígena Altamira, quien murió tras el operativo en el que el Ejército bombardeó el campamento en la vereda Guayabal, municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.
En ese sentido, Molano aseguró que el bombardeo se planificó y ejecutó respetando en todo momento los protocolos estipulados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). De hecho, el mismo funcionario ha explicado varias veces que se sustenta en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que reza que, “las personas civiles perderán dicho estatus de protección si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Lo anterior, por su puesto, incluye menores.
El jefe de la cartera de seguridad ya había sentado su posición al respecto en marzo pasado, cuando se conoció sobre otro bombardeo sobre un campamento de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ en el que también fallecieron menores de edad. En ese momento, Molano pidió, “no desviar la atención de los hechos, ya que son las disidencias de las Farc las que reclutan sistemáticamente a menores de edad para usarlos como escudos humanos”.
Suma también que, para el DIH, cualquier persona enfilada en grupos armados y mayor de 15 años se puede considerar como un combatiente legítimo, y. por ende, un blanco en medio del conflicto, lo que les daría todavía más sustento a los argumentos del ministro.
Esto, funciona como una especie de respuesta a las declaraciones del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien señaló en las últimas horas que, “la situación desencadenada por el bombardeo contra las disidencias, pone en evidencia la grave situación de reclutamiento forzado en las zonas, objeto de dominio territorial y combate por parte de estos grupos armados ilegales”.
Igualmente, el funcionario expresó su pesar por la muerte de menores de edad que se ven envueltos en el conflicto y aseguró que ya se le está realizando el debido acompañamiento a la familia de Yeison Stiven Yule, quien al parecer había sido reclutado por las disidencias desde hace un año.
“Solicitamos a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones correspondientes sobre el hecho y validar que en la operación realizada por el Ejército no se hayan visto afectados otros menores de edad”, agregó el defensor Camargo.
Desde el Ejército explicaron que los atacados estarían sindicados de participar en amenazas contra concejales del departamento y la muerte de los patrulleros de la Policía Ana López Rivas y Juan Vera González el pasado 22 de abril en el casco urbano del municipio de Puerto Rico, Caquetá.
Finalmente, en el lugar de la operación fueron hallados nueve fusiles, munición de diferentes calibres, equipos de campaña, radios de comunicación y artefactos explosivos. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI fueron insertados de manera helicoportada para que realicen los actos urgentes.
Por: infobae.com / Foto referencia de: Colprensa
