Un grupo de militares (r) colombianos, señalados de ser los mercenarios que estuvieron detrás del asesinado del presidente de Haití, Jovenel Moise, pidieron ayuda a las autoridades por las malas condiciones en las que los tienen detenidos.
En un video de casi dos minutos, se les escucha decir que llegaron a pasar 72 horas sin comer, bañarse e ir al baño. “Nos toca hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja. Por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio. Somos inocentes”.
Según uno de los uniformados que interviene en la grabación, a él y sus compañeros los quieren matar restringiéndoles sus necesidades vitales.
En general, el grupo de militares retirados alega llevar más de 10 meses detenidos sin derecho a un abogado y sin una situación clara que les brinde garantías jurídicas, pues ni siquiera han sido acusados de algún delito.
En la prisión de Puerto Príncipe en la que permanecen, los colombianos dicen que los acompañan cerca de 3.700 personas que padecen las mismas condiciones, las cuales los han llevado a intentar romper los candados de las celdas para salir.
El militar indagado
El pasado mes de abril, el militar (r) colombiano Mario Palacios se declaró no culpable en Estados Unidos de los delitos que le imputó una corte de Miami, relacionados a la participación “en un complot para secuestrar o asesinar” al presidente Moise el 7 de julio de 2021.
Él hace parte del grupo de 20 militares –en el que están los presos que piden ayuda humanitaria– sindicados por autoridades haitianas de ejecutar el plan para entrar a la casa del mandatario y matarlo.
Las órdenes para cometer ese crimen, de acuerdo a pesquisas, fueron organizadas supuestamente en la Florida por ciudadanos haitianos, es por ello que la fiscalía estadounidense tomó las riendas en el caso de Palacios.
Otro sospechoso en el asesinato es Rodolphe Jaar, de 49 años, también procesado en Miami por los mismos cargos que el colombiano Palacios.
Al ser declarados culpables, ambos enfrentarían una pena máxima de cadena perpetua. Mientras tanto, el grupo de militares colombianos siguen sin resolver su situación jurídica.
