La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes a la Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Heredia, dictar sentido de fallo condenatorio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Alegatos de conclusión
Durante la audiencia de cierre, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, afirmó que el material probatorio demuestra la “responsabilidad directa” de Uribe en la supuesta búsqueda de testigos falsos para incriminar al congresista Iván Cepeda. Según la Fiscalía, existió un plan sistemático que incluyó visitas a cárceles y ofrecimientos de beneficios judiciales o dinero a reclusos para que declararan en contra de Cepeda.
Origen del proceso
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó denuncias por calumnia contra Cepeda. La Corte Suprema de Justicia, al revisar el expediente, abrió investigación al entonces senador Uribe por manipulación de testimonios. Tras su renuncia al Congreso en 2020, el proceso pasó a la Fiscalía, que lo acusó formalmente en abril de 2023. El juicio oral comenzó en febrero de 2025.
Posición de la defensa
La defensa del exmandatario sostiene que no existió actuación ilícita y que las visitas a centros penitenciarios tenían como objetivo verificar versiones de desmovilizados que relacionaban a Cepeda con grupos armados. Insiste en la inexistencia de pagos o presiones indebidas y ha pedido la absolución.
Próximos pasos
- Réplicas y contrarréplicas: tras la exposición de la Fiscalía, intervendrán la Procuraduría y la defensa.
- Deliberación de la jueza: una vez concluyan los alegatos, la jueza Heredia anunciará la fecha en que emitirá el sentido de fallo.
- Eventual lectura de sentencia: si el veredicto es condenatorio, se abrirá etapa de individualización de la pena y posible apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Implicaciones políticas
De ser hallado culpable, Álvaro Uribe —figura central del uribismo y expresidente entre 2002 y 2010— enfrentaría una condena que podría inhabilitarlo para cargos públicos y modificar el panorama de la derecha en las elecciones de 2026. El Centro Democrático calificó la solicitud de la Fiscalía como “persecución” y anunció manifestaciones de respaldo.
El caso entra en su fase decisiva con la expectativa de una sentencia que marcaría un precedente sin precedentes en la historia judicial colombiana.
