Se trata de una iniciativa del Gobierno que pretende endurecer las condenas contra quienes reincidan en delitos contra la población civil.
El proyecto, que ha sido calificado por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta, ahora pasará a sanción presidencial.
Al respecto, Daniel Palacios, ministro del Interior, indicó que de esta manera se busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban la tranquilidad”.
“Asimismo pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y busca que el delincuente siempre vaya a la cárcel, no a la calle”, agregó.
Como ejemplo , Palacios dijo que la idea es que “cuando una persona esté en su casa y alguien ingrese de manera violenta, se presuma que el residente actuará en defensa personal”, por lo que “el juez tendrá que valorar la proporcionalidad”.
“Aquí lo que estamos estableciendo como criterio obligatorio para el juez es que cuando el delito se haya cometido con arma de fuego, blanca o de letalidad reducida, el juez tenga que dar medida de aseguramiento intramural”, detalló.
Al respecto, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, consideró que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares… Es una licencia para matar, una nueva aberración de corte fascista del Gobierno”.
Es por ello que Cepeda junto a 18 congresistas más envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que “constate el incumplimiento del Gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.
