El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando la responsabilidad del actual presidente de la FCF en el cartel de reventa de boletas. También ratificaron el fallo hacia el presidente de la Difútbol, Álvaro González Álzate.
En los últimos años, la Federación Colombiana de Fútbol se ha visto inmiscuida en diferentes escándalos económicos que han desatado la indignación en los aficionados del balompié nacional, que a día de hoy exigen una reforma desde la raíz a la institución reguladora de este deporte en el país.
Una de las principales polémicas se dio con el expresidente de la federación, Luis Bedoya, quien estuvo involucrado en el reconocido caso FIFA Gate y a quien le descubrieron el haber recibido sobornos para la entrega de derechos de transmisión de varias ediciones de la Copa América a diferentes empresas.
No obstante, quien tomó su puesto, el ahora presidente de la institución, Ramón Jesurún, junto con el presidente de la Difútbol Álvaro González Álzate, acaban de recibir una noticia que nuevamente los vuelve a poner en el lado oscuro de las polémicas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la demanda presentada por los directivos de la federación con el objetivo de limpiar su buen nombre.
El caso en el que estos están involucrados es el del cartel de la reventa de boletas para partidos de la selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En este escándalo, tanto Jesurún como Álzate fueron hallados culpables de liderar el cartel.
Cuando se hizo pública la denuncia, la Superintendencia encontró un acuerdo ilícito entre la FCF y las empresas Ticketshop y TicketYa para que estas se quedaran con la licitación de la venta de boletas y de esta forma explotar su precio hasta tres veces más de lo que se debió haber ofrecido en el contrato.
En primera instancia, Jesurún tuvo que pagar una multa de 304 millones de pesos por lo acontecido, al igual que Álzate, aunque este con una suma inferior, específicamente de 45 millones de pesos. Sin embargo, con el objetivo de limpiar su nombre, interpusieron la demanda ante la Superintendencia, pero el ‘tiro les salió por la culata’, ya que el Tribunal reafirmó sus responsabilidades en el caso:
“La actuación de los demandantes en el presente asunto ya ha sido expuesta. Los señores Ramón de Jesús Jesurún Franco (presidente de la FCF), Álvaro González Álzate (miembro del Comité Ejecutivo de la FCF) y Andrés Tamayo Iannini (Asesor Jurídico de la FCF), participaron y colaboraron activamente en el favorecimiento del contrato adjudicado a Ticket Shop.”
Cabe recordar que, en medio del proceso de investigación del caso, la fiscal asignada Yajaira Cáceres tuvo que ser retirada del mismo debido a que aprovechó la cercanía con el mismo para pasar a su esposo y amigos como agentes del CTI y de esta forma obtener boletas a los partidos del combinado nacional.
Para cerrar su fallo, el Tribunal profundizó en que la sanción interpuesta a los involucrados sigue en pie y que esta descansa en las bases de conocimiento y actitud omisiva de los directivos ante esta situación:
Finalmente, “se reitera por la Sala, que la sanción proviene de los acuerdos comerciales restrictivos llevados a cabo, los cuales, en el caso de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, consistieron en el favorecimiento para la adjudicación del contrato de boletería, su participación activa en la toma de decisiones al respecto y su actitud omisiva frente a las diversas irregularidades”.
Por: infobae.com / Foto: Colprensa
