La Superintendencia determinará si hubo presuntas irregularidades en la medición del consumo y facturación, entre otros aspectos denunciados por usuarios de estas empresas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició averiguaciones preliminares para establecer si hubo irregularidades en la facturación de los servicios públicos durante la etapa de cuarentena; y si existe mérito para dar apertura a investigaciones administrativas.
Por su parte, en los casos de Alcanos y Gascaribe, la averiguación preliminar, en cada caso, pretende determinar si hubo presuntas irregularidades en la medición del consumo, en la liquidación de la factura y en la aplicación de la opción tarifaria contemplada en la Resolución CREG 048 del 7 de abril de 2020, a usuarios del departamento del Huila, al igual que de departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, y Tolima en los que presta su servicio Alcanos, y de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, y Magdalena en los que presta su servicio Gascaribe.
Sobre estas acciones, la Superintendente, Natasha Avendaño García, indicó que “Desde la Superservicios hemos estado atentos a los reclamos de los usuarios; y ante las denuncias de la ciudadanía y comunicaciones de autoridades locales iniciamos estas averiguaciones preliminares, que se constituyen en la primera etapa que la ley establece para determinar si existen razones para abrir un procedimiento sancionatorio contra los prestadores. En caso de encontrar razones para hacerlo, la Superintendencia dará apertura a las investigaciones administrativas, conforme al marco legal que nos rige”.
Durante la etapa de averiguación preliminar, la entidad deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si constituyeron faltas a la regulación o si los prestadores están amparados en alguna norma o disposición legal que se los haya permitido.
Adicional a Cedenar, Alcanos y Gascaribe, la Superservicios evalúa otras denuncias para determinar el inicio de averiguaciones preliminares contra otras empresas que prestan sus servicios de energía eléctrica y gas combustible, por presuntas irregularidades en la facturación de servicios públicos durante la emergencia por Covid-19.
Foto: Llanogas.com
