Marcos Evangelista Pinto es actual comandante de la Segunda División y Edgar Alberto Rodríguez, del Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
La W Radio reveló, en primicia, que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) llamará a rendir su versión voluntaria a los generales Marcos Evangelista Pinto y Edgar Alberto Rodríguez por los ‘falsos positivos’ en Huila.
Los militares deberán responder si tuvieron conocimiento de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del Batallón Magdalena, con incidencia en ese Departamento. Esto se debe a que, en varias versiones entregadas a la JEP de militares comparecientes han mencionado a Pinto y Rodríguez.
Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que ambos tendrán que comparecer ante el tribunal, sin embargo, se espera que en los próximos días se anuncie oficialmente.
Por otro lado, desde principios de este año la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, viene investigando las denuncias de presuntas presiones que están recayendo sobre los militares que, de manera voluntaria, han testificado sobre los falsos positivos, para que cambien su testimonio u omitan hechos en las versiones ante esta entidad investigativa.
En febrero, el periódico El Espectador reveló que esta sala de la JEP dio la orden de realizar una serie de acciones para así determinar quién o quiénes están detrás de las supuestas presiones que, asimismo, fueron informadas a la Fiscalía y Procuraduría para que estas dos entidades las investiguen.
La JEP prendió sus alarmas en este caso ya que uno de los soldados que ha querido testificar contó que: “Reconoció presuntas irregularidades de orden penal y/o disciplinario en la realización de la ‘Jornada de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición a comparecientes de la JEP’, que tuvo lugar los días 1° y 2 de noviembre de 2018 por parte de la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional (Dicer) en la ciudad de Bogotá”.
Por otro lado, los abogados del Fondo reiteraron que no ha habido ningún tipo de presión para que los soldados cambien las versiones. Y, además, señalaron que las denuncias debieron ser verificadas y contrastadas para “evitar que se vulnere el buen nombre, la honra, intimidad, debido proceso y defensa”.
Finalmente, los abogados añadieron que las investigaciones que viene realizando la Jurisdicción Especial para la Paz ha vulnerado el derecho a la intimidad del Fondo, “ya que hoy mediante la violación de la reserva (…) hoy se nos reconoce como contratistas de Fondetec, y con el hecho de ustedes no determinar los hechos, conductas y los presuntos autores o partícipes, se nos ha puesto en la picota pública, como delincuentes”.
Por: Infobae.com
