Córdoba ha dado de qué hablar en los últimos días debido a que se le señala de supuestas visitas a personas privadas de la libertad vinculadas con el narcotráfico. Foto: Colprensa
En una sentencia del 19 de abril de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la electa senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, en un proceso contra el Estado colombiano por el caso de la interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La decisión confirma una sentencia que ya había sido dictada por el Juzgado 38 Administrativo Oral de Bogotá, que en agosto de 2019 le había dado la razón a Córdoba.
En ese sentido, ratificó que Córdoba fue víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS, que incluso fueron orquestadas desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El fallo señala que si bien en su momento desde el DAS señalaron que esos actos ilegales habían sido ejecutados por integrantes a título personal “resulta indiscutible que los exfuncionarios de la entidad se valieron de la institucionalidad y las herramientas que les ofrecía cada uno de sus cargos para adelantar estas acciones cubiertas en aparente legalidad”.
En cuanto a la responsabilidad del Dapre, el fallo recoge que “los requerimientos de las interceptaciones realizadas a Piedad Córdoba también venían por parte del Gobierno y sobre todo por el doctor Bernardo Moreno”, quien fungió durante una parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe como director del Dapre.
Aunque Córdoba solicitó que el presidente de la República pidiera excusas públicas por esos hechos, el Tribunal de Cundinamarca consideró que “dentro del expediente no se demostró que el Presidente de la República de ese momento, hubiese dado la orden de interceptaciones ilegales y desprestigio a la demandante Piedad Córdoba”. Este acto público de desagravio, en cambio, sí estará en cabeza del director del Dapre.
También les ordenó a las entidades denunciadas por la electa senadora brindarles un servicio de psicología avalado por el Ministerio de Salud a ella y a siete de sus familiares hasta que logren una “recuperación total” durante el tiempo que lo disponga un médico.
A raíz del fallo, Córdoba emitió un comunicado en el cual reiteró que es víctima de una campaña de “desprestigio”. “Su labor como dirigente política y social se ha ajustado a la ley y se ha desarrollado en el marco de la legalidad y por los canales democráticos”, señalaba el pronunciamiento.
