A pesar de que al contratista le cursan otros procesos, la Fiscalía determinó que, de los 70 mil millones perdidos, el señalado empresario se apropió de más de 6000. Eso quiere decir que el dinero sigue ‘refundido’.
El órgano judicial le imputó cargos por: fraude procesal y falsedad en documento privado; a eso se suma su condena por el carrusel de la contratación, el cual en principio fue sentenciado a pagar una condena a 17 años en prisión; pero, tras los acuerdos con la Fiscalía, se redujo a 7 años y medio, además de gozar del beneficio de casa por cárcel.
No obstante, tras el escándalo de Centro Poblados, en septiembre del año pasado nuevamente fue recluido en prisión intramural, en la cárcel La Picota, pero, allí se le encontraron irregularidades, pues en operativos de inspección se vio como organizaba fiestas con grupos musicales, licor y uso de celulares dentro del centro de reclusión; por lo que fue trasladado a la cárcel de Ibagué, donde le ha solicitado en varias oportunidades al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que lo devuelva a Bogotá.
Conocido como “el zar de la contratación”, está vinculado en el proceso de licitación del contrato que adelantó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, MINTIC, con la firma Centros Poblados, con la que pretendía construir más de 7 mil centros educativos virtuales, en varias ciudades y departamentos a nivel nacional, que permitiría que los niños tuvieran, entre otros beneficios, acceso a internet.
Durante la audiencia, la Fiscalía demostró que la firma Unión Temporal recibió 70 mil millones de pesos, que se destinarían en la compra de los equipos, que se instalarían en los centros educativos, pero el dinero ‘se esfumó’ en gastos personales, inmuebles de lujo, pago de deudas, entre otros débitos que no eran objeto del contrato.
De ese dinero, según el coordinador de anticorrupción de la Fiscalía General, afirma que el peculado escala a los 15 mil millones; pero, Emilio Tapia, por ahora, solo tendrá que responder por 6.182 millones de pesos, que fueron el anticipo del Contrato 1043 de 2020, el cual fue gastado en vehículos, adecuaciones inmobiliarias, compras de obras de arte, y hasta coimas a funcionarios, con el fin de licitar el billonario contrato.
A pesar de las pruebas, el ‘zar de la contratación’ no aceptó los cargos, en el caso que le costó el puesto a la ministra de esa cartera, en ese entonces, Karen Abudinen. Al parecer, se presentó un grupo de empresas, los cuales ‘cumplieron con los requisitos de la licitación’, pero en ninguna de ellas se vincula su nombre, por lo que no tendría una participación real en el contrato.
Otro de los procesos que se adelantan en contra del empresario es sobre el caso de falsificación de las pólizas, expedidas por el Banco ITAÚ, las cuales permitieron ‘agilizar’ el desembolso de recursos para un contrato valorado en 1,5 billones de pesos.
“Sabía y entendía que con esos documentos inducía en error a las funcionarias públicas encargadas de evaluar el componente jurídico en la propuesta con el fin de obtener la resolución positiva de la licitación, con lo que obtendría una contraprestación económica”, manifestó el fiscal encargado del caso.
Cabe señalar que ya hay otros 4 imputados, que también se declararon inocentes, pero están buscando un principio de “preacuerdo” con la Fiscalía, con el fin de quedar en libertad u obtener rebajas y beneficios en sus condenas.
Quiere decir que Tapia es objeto de judicialización por el “Carrusel de la Contratación”, además del caso ya mencionado, sumado a los demás cargos que se derivan de estos. En todos estos procesos se ha declarado inocente.
Por: infobae.com / Foto: Colprensa
