Por posible incidencia penal, la exministra del Deporte será investigada por la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía.
Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, reveló que la medallista olímpica y exfuncionaria pública en el Gobierno de Gustavo Petro sería investigada por los órganos de control por las presuntas inconsistencias en la firma de contratos de prestación de servicios y de otras índoles, los cuales tendrían una responsabilidad penal.
La ministra del Deporte de Colombia, María Isabel Urrutia, asegura que las deportistas profesionales tendrán al menos nueve meses de trabajo con la implementación de la Liga Femenina de la Dimayor en 2023 (Colprensa-Mariano Vimos)
El 7 de marzo de 2023 el presidente de la República de Colombia declaró la insubsistencia de la exministra Urrutia, luego de conocerse que en el momento en que fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían 21.000 millones de pesos.
Andres Idárraga, en declaraciones para Caracol Radio, confirmó que la exministra será investigada por los entes judiciales y por la Secretaría de Transparencia del Gobierno nacional, ya que posiblemente los contratos, que además fueron firmados a media noche, habrían sido adjudicados sin cumplir con los requisitos de la ley. La Fiscalía abrió formalmente el proceso.
Con los contratos que se firmaron en esa noche quedó en evidencia que Urrutia pretendía dejar vinculadas a varias personas hasta diciembre de 2023; según el secretario Idárraga, los contratos tenían vencimiento en abril del año en curso.
Estos hechos tendrían una consecuencia penal, ya que, “pareciera que no contaron bien los meses del año porque están haciendo contratos para las mismas personas, por los mismos objetos, dos contratos distintos, pero por 14 meses en la práctica”, aseveró el funcionario de la oficina presidencial.
En sus declaraciones para el medio citado, Idárraga señaló que desde el primer día de 2023 y hasta el 6 de marzo del mismo año; la que en su momento era la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, firmó contratos por un valor de 21 mil millones de pesos, y en la última semana se habrían adjudicado cerca de 16 mil millones, repartidos en 25 contratos.
Estas contrataciones se pueden ver en la plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Secop), en ellas se evidencia que —con base al presupuesto con el que cuenta este ministerio anualmente— se habría generado un gasto adicional equivalente a dos meses. Así lo explicó Andrés Idárraga.
“El Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto, duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas”, mencionó el secretario, que además alertó sobre las implicaciones penales que tendría, no solo la ministra saliente, también las personas que trabajaron para cumplir con el objetivo de la firma de estos contratos.
“Eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”, advirtió Idárraga.
El proceso de investigación contará con un debido proceso; iniciará desde la Secretaría de Transparencia de la presidencia, que deberá entregar los resultados a más tardar el lunes 13 de marzo.
Después de este proceso, al interior del Gobierno, los hallazgos deberán ser entregados a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría y a la Fiscalía, entidades que se encargarán de completar las investigaciones pertinentes y luego entregarán un informe oficial.
“Esperamos que los entes de control a los que le daremos traslado vayan a fondo porque el Gobierno no va a permitir la corrupción, venga de donde venga”, sentenció el funcionario.
Un grupo de fiscales de la Unidad Anticorrupción determinarán si hubo inconsistencias en la suscripción de estos contratos y si incumplieron los requisitos que exige la ley.
Por: infobae.com / Foto: Colprensa
