Se trata de Armando Cabrera Rivera, Jefe de la Oficina de Riesgo, y de María del Pilar Rodríguez, Jefe de Prensa de la Administración Municipal. Los funcionarios deberán responder por presuntas irregularidades en un contrato sobre una campaña de sensibilización contra el covid-19 en Neiva.
La denuncia, presentada por parte del concejal German Casagua Bonilla, es relacionada con unas presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, celebración y ejecución del contrato interadministrativo No. 00682 de 2020 cuyo objetivo era una «campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19».
De esta manera, los precios del mercado que se tomaron como referencia para obtener el presupuesto oficial de dicho contrato, ascendieron a la suma de $438.508.629, con ello, surgen las primeras inquietudes de la Procuraduría, pues si el valor total promedio de las propuestas da como resultado la suma de $368.693.300, al incluir el valor por concepto de IVA, se incrementa en $438.508.629; por lo cual, el presupuesto oficial no correspondería a la realidad del mercado y estaría claramente por encima de los valores comerciales del mercado.
Por otro lado, la Procuraduría señaló que “justo en estos momentos que se requieren recursos para solventar la crisis generada por la pandemia del Covid-19, especialmente en los sectores de la salud y sociales, es proporcional que un Municipio como Neiva, que presenta tantas necesidades en estas esferas, utilicen recursos en tal magnitud para ser invertidos en campañas publicitarias, que en muy poco porcentaje van coadyuvar con la mitigación de la crisis”.
Así mismo, la Procuraduría cuestionó al suscribir el contrato con la cotización que presentaba valores más altos, vulnerándose con esta actuación, los principios de la moralidad administrativa, economía y responsabilidad.
De esta manera, la Procuraduría ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de Armando Cabrera Rivera, Jefe de la Oficina de Riesgo, y de María Del Pilar Rodríguez, Jefe de Prensa de la Administración Municipal, quienes conforme a las pruebas allegadas, pueden haber incurrido en falta disciplinaria en la planeación y elaboración de los estudios previos del contrato cuyo objetivo era «desarrollar una estrategia de comunicación asertiva para la sensibilización a la comunidad sobre las medidas adoptadas para el manejo y prevención del riesgo por contagio del covid-19».
Estas faltas, indica la Procuraduría, al parecer consistes en posibles sobrecostos y cotizaciones que al parecer no se ajustaban a los precios del mercado y falta de fundamentos legales, además de la posible falta de supervisión del mismo; es por ello que, en la queja y el material probatorio arrimado en la indagación preliminar, se identifican a estos funcionarios como posibles autores de una falta disciplinaria.
Las presuntas irregularidades
Entre las pruebas que tiene la Procuraduría, se expone que con el contrato, con el que se pretendía «desarrollar una estrategia de comunicación asertiva para la sensibilización a la comunidad sobre las medidas adoptadas para el manejo y prevención del riesgo por contagio del covid-19», se encuentran tres (3) cotizaciones:
Presupuesto oficial: $447.700.000
Taita Estudios: $385.397.000
Alexander García: $272.982.900
Promedio propuestas: $368.693.300
Presupuesto oficial: $438.508.629
De acuerdo a lo anterior, el primer ítem en la descripción de necesidad habla de diez (10) videos, pero en la cantidad están cobrando doce (12), se aumentan dos (2), cada uno por valor de $5.944.333; se van a pagar dos (2) videos más, cuando el estudio de mercado se realizó sobre diez (10).
Frente a esta presunta irregularidad, la Procuraduría afirma que: “En qué mitiga este ítem la pandemia, cuando el argumento de la Administración Municipal de Neiva, fue la Circular No. 005 del de febrero de 2020, para proceder a contratar estas campañas, las cuales debieron realizarse previamente”.
De otra parte, el segundo ítem habla de quince (15) contenidos, cuando en la cantidad aparecen catorce (14); y cuando en el estudio previo se establecen quince (15).
Respecto de la contratación, expresa que “de los ciento treinta (130) pasacalles, se justifica contratar este ítem cuando la ciudad esta confinada, es decir, se pretende instalar pasacalles en vías públicas, cuando no hay tal cantidad de ciudadanos que puedan acceder visualmente a los mismos”.
Respecto a la contratación del ‘community manager’, se destaca que “desborda lo que protege la norma con la contratación de urgencia, precisamente que es para conjurar una crisis, acá contratan una persona por tres (3) meses, no hay relación ni fundamento para extender un contrato por este tiempo, se justifica contratar por honorarios mensuales de $12.966.000 a un profesional, para el manejo de las redes sociales de la Alcaldía, cuando no cuentan con una persona idónea para cumplir con estas obligaciones”.
Por último, el acta aclaratoria de fecha 03 de abril de 2020 no se encuentra publicada en el Secop, por lo que no se puede establecer con certeza la fecha real del acta, y con ello “deciden modificar los términos del contrato eliminando unos ítems y bajando cantidades de otros que no se podían ejecutar, confirmando con esto la contravención al principio de planeación, economía, responsabilidad y moralidad administrativa”.
Las pruebas
Las pruebas, según la Procuraduría, dejan prever posibles irregularidades en dicho contrato, y posibles irregularidades consistentes en falta de disponibilidad presupuestal para la suscripción del contrato, que fueron signadas directamente por el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.
De igual manera, se compulsaron copias del expediente con destino a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal. Finalmente, tanto Armando Cabrera Rivera como María del Pilar Rodríguez podrán dar su versión libre de los hechos.
