Según la Procuraduría, la indagación preliminar se debe por un “posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
El Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas en 17 actuaciones disciplinarias contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Atendiendo su naturaleza, objeto y funciones, pero sobre todo el llamado de la ciudadanía ante la difícil situación de orden público que se viene presentando en el país desde el pasado 28 de abril, cuando fue convocada la jornada de paro nacional; la Procuraduría General de la Nación dispuso de todo su recurso técnico y humano, en especial, procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones.
En este sentido y reconociendo siempre el ejercicio de la protesta social y el reclamo por un Estado garante de derechos, que combata todas las violencias, y amplíe el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución del 1991; se adelantan 154 acciones disciplinarias que buscan la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (quienes protestan y quienes deciden no hacerlo).
Respecto de estas la Procuraduría ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso.
De esta forma, se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.
Así mismo, la Procuraduría abrió diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía, y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.
Se adelantan actuaciones contra funcionarios públicos
17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:
-Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.
-Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5 indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias).
– Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.
Finalmente, se adelantan actuaciones contra seis (6) concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.
