Durante la audiencia pública por la Reforma Universitaria en las Ágoras de la Universidad Surcolombiana, en la ciudad de Neiva, hicieron presencia los representantes a la Cámara, Leyla Rincón y Gabriel Becerra del Pacto Histórico; Jennifer Pedraza de Dignidades Bogotá; y el Senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde. El objetivo fue socializar el proyecto de ley por el cual se busca reformar la ley 30, específicamente en los artículos 86 y 87 que tratan sobre el financiamiento de la Universidades Pública.
Por: Cristian Ordoñez
De esta forma, el propósito de esta primera audiencia pública, fue definir una hoja de ruta para llevar a cabo una reforma universitaria dentro de la apuesta del Gobierno Nacional de socializar el proyecto de ley No. 084 de 2022C, “por el cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia”.
Dicha propuesta se realiza para frenar la grave situación que enfrentan las universidades públicas del País en materia de financiación, de las cuales existe un déficit de 18.3 billones de pesos. De esta manera, la Universidad Surcolombiana, por ejemplo, según cifras del Consejo Superior Universitario, tiene un faltante presupuestal de 3.600 millones de pesos, por lo que ven un panorama crítico para terminar el semestre académico.
En este contexto, Jennifer Pedraza Sandoval, líder estudiantil y representante a la Cámara de Representantes, es la autora del proyecto de ley que busca reformar la ley 30, específicamente en los artículos 86 y 87, teniendo como objetivo brindar un alivio financiero a las universidades públicas.
“Estamos proponiendo un proyecto para financiar adecuadamente a las Universidades Públicas, los últimos 30 años han sido realmente críticos para las Instituciones de Educación Pública, es normal que se nos caigan los techos cada vez que llueve, por ejemplo, la Usco hasta hace poco no tenía cómo pagarles a sus profesores hasta diciembre, que iban a tener que parar el semestre a la mitad y reanudar en el 2023 por falta de recursos, y este es el panorama generalizado en todo el país”, aseguró Pedraza Sandoval.
Así mismo, añadió: “Sabemos que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo, por eso debería ser una prioridad y por eso queremos reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30, lo digo porque esos artículos lo que hicieron fue congelar la plata de las Universidades Públicas en términos reales y las universidades, atendiendo las necesidades de la sociedad, han aumentado su cobertura, entonces antes le daban a las universidades públicas casi 11 millones de pesos por estudiante al año, hoy casi le dan 4 o 7 millones, así que nuestra propuesta es reformar esos artículos para, primero, de aquí en adelante el presupuesto crezca de acuerdo a las necesidades de las universidades, y dos, se paguen todos los recursos que no se han dado en los últimos 30 años, que se estiman en 18.3 billones de pesos, siempre es mucho dinero, por eso nuestra idea es que eso se pueda pagar en un periodo de 10 años”.
Se necesita resolver la deuda histórica de la universidad pública
En su intervención en la audiencia pública, el senador Ariel Ávila consideró determinante, por medio de este proyecto de ley, resolver la deuda histórica de la universidad pública.
“Tenemos la oportunidad de zanjar la deuda histórica de la universidad pública modificando los artículos 86 y 87 para cambiar la metodología de financiación. Lo que yo quiero, y que se entienda muy bien, es que este proyecto no excluye otros problemas que reformen en su totalidad la ley 30, uno de ellos es la calidad, pero la universidad pública tiene un presupuesto muy delicado. Para poder garantizar que esto circule rápido, y para poder asegurar una rápida aprobación, hemos dedicado esto a la financiación”, aseveró Ariel Ávila.
De igual manera, mostró su preocupación por la politización de las universidades en Colombia. “Aprobar este proyecto es un paso, pero a nosotros nos falta discutir un tema importante, y es la politización de las universidades, si los clanes políticos siguen manejando la universidad pública a nivel regional, por más plata que le demos, no vamos a resolver el problema, por eso es importante pedirle al presidente Petro y al Ministro de Educación, que los delegados de la presidencia y ministerio, sean escogidos de forma autónoma y no mediando presiones de clanes políticos”, afirmó Ariel Ávila.
“No es momento de bajar los brazos”
A pesar de tener un Gobierno de Izquierda que impulse este tipo de proyectos educativos, Jennifer Pedraza Sandoval, representante a la Cámara de Representantes, considera que no se debe bajar la guardia, pues considera que la responsabilidad de los movimientos sociales debe ser de seguir presionando al Gobierno y al Congreso por cambios y reformas que benefician, en este caso, a las universidades públicas.
“Los partidos tradicionales, los mismos politiqueros de siempre, siguen teniendo una representación mayoritaria en el Congreso, es verdad que tenemos un gobierno distinto que no se eligió con la mayoría de esos sectores tradicionales, pero hoy esos partidos se declararon incluso de gobierno, es decir, están en los ministerios, entonces los movimientos sociales no pueden relajarse y creer que el cambio va a pasar así como así, por eso tienen una responsabilidad histórica mayor de seguir exigiendo, de seguirse movilizando, así que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de presionar por esos cambios”, expresó Pedraza Sandoval.
Finalmente, envío una invitación a los jóvenes para que se enteren y conozcan del proyecto de ley que busca reformar la ley 30, específicamente en los artículos 86 y 87. “Nuestra invitación es a que vengan a las audiencias públicas, vamos a hacer esto en todas las universidades, discutir, ajustar los elementos que sean necesarios en el proyecto para avanzar en entender que la educación es un derecho fundamental”, concluyó la representante a la Cámara de Representantes.
