El proyecto de ley fue aprobado en último debate en el Congreso, contando con un respaldo mayoritario y se convertirá en norma constitucional.
La iniciativa castiga con cadena perpetua a los abusadores de niños, con la que se reformaría el artículo 34 de la Constitución Política para empezar a aplicar la condena. La cadena perpetua podrá ser revisada a los 25 años, con el fin de evaluar la resocialización del agresor, sin embargo, esto no significa que exista la posibilidad de acceder a excarcelación.
La plenaria del Senado, aprobó el proyecto de ley con 77 votos a favor y ahora se espera que sea promulgado para que entre en vigencia. La reforma constitucional contemplaría que: cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.
Sobre este tema, Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez y promotora de la iniciativa, sostuvo que hoy es un «día histórico en función de los más importantes, de nuestros niños, hoy se parte en dos la historia de nuestro país por la defensa de los derechos de nuestros niños».
No obstante, el abogado Francisco Bernate, en diálogo con la W Radio, aseguró que desde el Colegio de Abogados presentarán una demanda al proyecto, argumentando que este desconoce la resocialización, estimula la violencia hacia los niños y es populista.
«Creemos que esta norma desprotege a nuestros niños (…) se está sancionando igual la violación de uno que de 500. A través del populismo punitivo se van a ganar unos votos», manifestó Bernate.
Además, el abogado se refirió a la inconstitucionalidad del proyecto, por lo que añadió: «Hay ciertas bases constitucionales que no se pueden tumbar: está la prohibición de la prisión perpetua, la confiscación y el destierro».
«Esta es una muy buena estrategia para ganar votos, pero nos vamos a atravesar y les dañaremos la fiesta», concluyó Bernate.
La también conocida Ley Gilma Jiménez, no tendrá que pasar a conciliación, pero sí requiere de una reglamentación en el Congreso de la República.
