Contralor apoya la posición y preocupación del Fiscal General sobre hacinamiento carcelario.
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, propuso acondicionar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.
Sostuvo que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones.
Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.
Así mismo, Contralor señaló que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas.
A la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.
Indicó además que se ha planteado la alternativa de que las Alcaldías y Gobernaciones tengan la responsabilidad de esos sindicados, pero no tienen recursos para solventar la crisis carcelaria en sus territorios.
El Contralor entregó un listado de las cárceles que registran mayores problemas, donde aparecen las de Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).
Mencionó que, de los cupos dados en servicio al 31 de diciembre de 2018, sólo 2.297 fueron construidos en pabellones totalmente nuevos (en Espinal 733, en Coiba Ibagué 730, en Tuluá 656 y en Girón 178 de los 752 proyectados). Es decir, un 38,1% del total. Los 3.735 restantes, se han rehabilitado, acondicionado y adaptado en espacios carcelarios ya existentes, y equivalen regularmente a camas o camastros, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo carcelario.
Aseguró luego que otra debilidad evidenciada es el reducido número de guardias respecto de los internos, por lo que el INPEC presenta dificultades para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo y vigilancia de la población carcelaria. Por ejemplo, indicó, por cada patio donde hay entre 150 a 300 reclusos, solo hay de 1 a 2 guardias, cuando la norma señala que deben ser más de 6.
De acuerdo con el INPEC, las necesidades actuales y futuras indican que se requieren de unos 16.529 funcionarios, distribuidos en 9.750 guardianes y 6.779 administrativos.
